Si uno va a la prensa económica internacional a informarse de la situación de Argentina, va a encontrarse con muy diferentes interpretaciones. Las más optimistas o benevolentes, tan sólo se refieren a la sentencia del Tribunal estadounidense comandado por el Juez Thomas Griesa y a su total, que no llega a 600 millones. En realidad la situación de Argentina es mucho más dramática de lo que estas interpretaciones llegan a informar o que el Gobierno argentino, sería capaz de reconocer a estas alturas.
La deuda total (no la enmascarada) , asciende a un total de 102.000 millones de dólares desde que en 2001 Argentina se declaró en Bancarrota. Desde entonces hasta hoy (en varios períodos) su deuda fue reestructurada. Ya en 2005/2010 se aceptaron créditos internacionales que subsumían casi el 93% del total de la deuda con la aceptación de unas “quitas”, que en derecho concursal significan, la aceptación de la reducción de una parte de la deuda a cambio de recibir parte de la contraprestación; muchos de los acreedores aceptaron , observando la posibilidad de no percibir el importe total prestado, bien estaba, al menos, recibir una parte (40 /35% en algunos casos) lo que suponía, quitas de hasta el 65% del total del valor prestado.
El litigio que cobra relevancia ahora, es la denuncia por parte de los fondos buitres (también prestatarios del Gobierno argentino) del compromiso de pago adquirido con ellos. Ese compromiso, efectivamente era del 7% del total de la deuda, y se realizó bajo la legislación estadounidense (una forma bastante eficaz de dar credibilidad al compromiso, ya que ningún acreedor internacional hubiese sometido su negociación a una legislación sólo en manos del Gobierno Argentino de turno), lo que significa que la revisión judicial o arbitral de este, se somete a la legislación norteamericana en materia de Contratos e Impagos.
La resolución del Tribunal, ha sido clara, Argentina debe hacer efectiva la totalidad de la deuda adquirida con los fondos buitres. Podríamos regocijarnos de alegría si asumiéramos que la deuda sólo asciende a este 7%, al fin y al cabo es un importe mínimo; pero en realidad, esto sería engañoso y trilero, dada la capacidad de nuestra querida Cristina Fernandez Kirchner y su Gobierno para el juego de “dónde está la bolia”, mejor ser coherentes con la realidad.
El problema que afronta Argentina es que en aquélla reestructuración temprana de la deuda de 2001, Argentina, asumió una cláusula a la que se adhirieron TODOS los acreedores (aquél 93% que aceptó quitas de hasta el 65%) que es la cláusula RUFO (Right Upon Future Offert) incluida en la negociación de la reestructuración original, y según la cual, si el país mejora el pago, de forma voluntaria, a cualquier acreedor, los que entraron en el canje podrían pedir igual trato y echar por tierra toda la reestructuración, significaría que las “quitas” serían ineficaces, por lo que Argentina pasaría a deber la totalidad de nuevo. El plazo de prescripción de esta cláusula es el 31 de Diciembre de 2014, y el hecho de que el Tribunal estadounidense haya resuelto ya al respecto, pone entre las cuerdas a Argentina, quién no puede quitarse la deuda del 35% adeudado a los acreedores con quitas, sin hacer efectivo el pago de los acreedores por fondos buitres (según la resolución del Tribunal) y quién, de hacer efectivo el pago a estos, se vería obligada por la cláusula RUFO a pagar la totalidad al resto de acreedores.
Por todo esto, los analistas económicos internacionales, no saben cómo definir en realidad la situación de impago en la que se encuentra Argentina hoy día 1 de Agosto de 2014. El plazo ha expirado sólo para estos 593 millones, pero las consecuencias de la decisión que Argentina tome al respecto podrían lastrar toda su economía.
Le quedan varias opciones (en esta cuenta atrás, hasta que se le echen encima todos sus acreedores), llegar a acuerdo con los fondos buitres, cediendo y estableciendo una garantía de pago (adelantando parte del total, entendemos que con altos intereses efectivos desde 2015) esto, les daría un tiempo extra hasta la prescripción de la cláusula RUFO. Por otro lado, reestructurar de nuevo la deuda, con la crecida de intereses que tendría y siempre dándose el caso de que encuentren financiación, lo cuál, a estas alturas para Argentina estará arduo complicado.
Nadie ha dicho que vaya a ser fácil, pero el standby y el contrarreloj en el que se encuentra el Gobierno de Kirchner, sin duda si a alguien perjudica es al Estado argentino y por ende a sus ciudadanos. 
Sin brújula y sin mapa 
Para los que no somos muy aficionados a la economía internacional, ¿podría suceder otro caso de “corralito” o eso fue algo puntual?,
M'agradaM'agrada
Hola Juanmi, gracias por leer el post. Sobre tu pregunta sobre si podría volver a ocurrir un corralito*, ha habido muchos cambios en la legislación Argentina para tratar de asegurar los depósitos de los pequeños ahorradores, no tendría por qué ocurrir de la misma manera. El problema actual de Argentina está más vinculado a su balanza de pagos internacional, su prima de riesgo y su capacidad para financiarse. No es un problema menor, aunque a Argentina a diferencia de España por poner un ejemplo, la asiste una realidad que marca muchísimo la diferencia. Es un país rico en recursos, petróleo y gas, lo cuál hace muy interesante la vinculación de inversores internacionales, que les puedan dar apoyo en esta situación de crisis. Recientemente su gobierno ha entrado en negociaciones con China, posiblemente veamos a China en poco tiempo como el mayor aportador financiero a la maltrecha economía argentina. Pero, siempre hay un pero, Argentina va a tener que aceptar cambios en su política financiera, va a tener que relajar el flujo de divisas, ahora muy restrictivo y va a tener que adoptar reformas de calado que aseguren el pago de las nuevas deudas adquiridas, tendrá que vincular parte de sus muy numerosos recursos como garantía de su deuda y esto en sí, ya supone un fracaso de la politica de CFK quien no hace mucho pretendió cargarse a una multinacional como Repsol en aquella nacionalización que les metió en un litigio internacional. Además, los pequeños ahorradores no perderán sus fondos, pero es casi seguro que la financiación va a costar muy caro a su ciudadanía que son los que al final pagan las crisis, habrá reducción de gasto con lo que muchos servicios empeorarán, habrá subidas de impuestos y decrecimiento de la inversión con lo que la capacidad innovadora se verá ampliamente reducida, en resumen la factura la pagará “poca-ropa” (como dicen en mi pueblo) la ciudadanía.
M'agradaM'agrada